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Educación: el acuerdo imposible


Tomás Salas (forumlibertas.com)

Mucha gente razonable piensa que en España es necesario un pacto educativo de gran alcance. Las razones parecen obvias y las tengo por escrito (perdonen que me autocite). Primero, la educación es una materia fundamental en un sentido etimológico; está en la base, en el fundamento de todo lo demás -economía, desarrollo, cohesión social, cultura-. Segundo: las normas educativas son de lenta aplicación por la misma naturaleza y complejidad del sistema al que se aplican; y además (tercer punto) sus resultados sólo son comprobables y evaluables a largo plazo, lo que hace necesaria cierta estabilidad y permanencia en estas normas (“Necesidad de un pacto educativo, en La Opinión de Málaga, 29-03-2006).

Constatada la necesidad, paso a exponer la tesis de este artículo: el acuerdo no se da ni existen las condiciones para que se dé en mucho tiempo. Como decía el torero castizo, lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible.
Simplificando una cuestión de por sí bastante compleja, se pueden definir dos modelos educativos. La izquierda concibe la educación como un derecho irrenunciable que el Estado debe satisfacer. En su modelo prima el valor de la equidad, intentando un mayor resultado para una amplia mayoría. En el ámbito de la gestión, prima el concepto de participación democrática. Desde la derecha (o centro-derecha, como a ellos les gusta definirse), es decir, desde los valores liberales y conservadores, se insiste en el valor de la diversidad y en la libertad de elección. La educación es un derecho de la familia (órgano básico, anterior al Estado) que debe tener posibilidad de elegir un producto acorde a sus principios y valores. Además se defiende la libertad de que la iniciativa social -el sector privado- pueda ofertar sus productos, ejerciendo una función que no tiene que ser exclusiva del Estado, aunque es el Estado quien establece un marco jurídico y tiene la última palabra en la homologación de las enseñanzas. Si desde el lado zurdo, se insiste en la equidad, desde aquí se hace hincapié en la calidad. No es casual que en la dos grandes leyes educativas de la derecha española, la efímera LOCE y la todavía en proceso de parto LOMCE, se acoja en el mismo título la palabra “calidad”. En su modelo de gestión, se rige por la eficacia y el cumplimiento de objetivos más que por la participación.
Un interesante artículo de Eugenio Nasarre (“El artículo 27 de la Constitución. Su desarrollo legislativo”, en Cuenta y razón, nº 27, 2013), estudia como en nuestra Constitución actual se hace una síntesis de ambas tendencias. Esto quizá fue fruto de la capacidad negociadora de Alfonso Guerra y Abril Martorell y de un momento histórico y un ambiente propicio al acuerdo y a la búsqueda de lo fundamental.
Pero esta capacidad negociadora y sintética, tan propia del espíritu de la transición, se pierde, por lo menos en el terreno educativo, para no aparecer más. De hecho, la época democrática española ha estado siempre, con una pequeña salvedad que ahora comentamos, regida por leyes socialistas. La primera ley educativa fundamental después del franquismo es la LOECE, de 1980, obra del gobierno de la UCD. Aquí se recoge, por ejemplo, la elección de la dirección de los centros por la administración y se plantea, en líneas generales, un modelo educativo desde los valores liberales. Esta ley, por cierto, coincide con el mayor crecimiento del sistema educativo de la historia. La LODE en 1985 viene a cambiar el rumbo de la educación en España, ahora desde una perspectiva de la izquierda y establece algunos aspectos fundamentales del sistema. Por ejemplo, los consejos escolares, que adquieren amplias funciones e incluso eligen al director; y un punto muy importante, que luego se ha mantenido prácticamente sin variación en todas las leyes y que tampoco desaparece -aunque mucha gente que no se ha leído el borrador parece decir lo contrario- en la futura LOMCE: el sistema de conciertos para la financiación de la enseñanza privada. Luego llega la gran ley socialista, que estable una nueva arquitectura del modelo educativo español, que no cambiaba desde la Ley General de Educación de 1970, y que sienta las bases de un modelo de enseñanza basado en la equidad: la LOGSE, de 1985. Esta es la reforma más profunda que experimenta el sistema en mucho tiempo y supone el más ambicioso proyecto socialista de cambio de la sociedad española. Aunque gobierna el PP durante dos legislaturas, no plantean un cambio en este terreno hasta el final de la segunda. Será la LOCE, de brevísima vida, pues una nueva victoria socialista hace que la ley se derogue y sea sustituida por la LOE (2004), que fundamentalmente desarrolla y continúa la LOGSE. En estos momentos, se prepara la LOMCE que, de aprobarse será prácticamente la primera ley educativa de la derecha que se aplique en España, si exceptuamos la corta vida de la LOECE. Si sale a la luz, lo hará sin consenso, exactamente como han salido las leyes socialistas.
En resumen, la historia de las leyes educativas en nuestro periodo democrático es la historia de la preponderancia casi absoluta de la izquierda y de una absoluta (sin casi) falta de acuerdo. 
La educación determina los valores, las ideas, las creencias; es el humus donde se fermentan las realidades sociales. Por eso todas las grandes batallas ideológicas terminan jugándose en el campo educativo. La gran maestra de Occidente, la Iglesia, siempre lo ha sabido. La izquierda hace tiempo que también aprendió esta lección y defenderá con ahínco cada palmo de este terreno, que considera propio. Es la derecha española la que, instalada en la panglossiano “mejor de los mundos posibles”, sigue sin enterarse.