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Andalucía Padres Católicos pide la retirada «definitiva» de Educación para la Ciudadanía


abc.es

educacion-ciudadaniaLa Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fecapa) ha reclamado hoy al Gobierno central la retirada “definitiva” de Educación para la Ciudadanía (EpC) ante la nueva normativa aprobada por la Junta que regulará esta asignatura en Andalucía.

La citada federación ha denunciado, a través de un comunicado, que esta decisión pone “claramente de manifiesto” la decisión de la Junta de “ideologizar” a todo el alumnado andaluz “en su pensamiento único, propio de un régimen dictatorial, expropiando el derecho de las familias a educar libremente a sus hijos”.

“Quienes no creen en la libertad no deberían nunca ejercer responsabilidades políticas en las instituciones democráticas”, argumenta la Fecapa, que advierte de la “aberración máxima” que supone el “intervencionismo ideológico de las inteligencias y de las conciencias”.

Por ello, exige la “inmediata” retirada de la asignatura en todos los niveles educativos de primaria y de ESO, así como de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, pues “sólo así se podrá asegurar el derecho a la igualdad” de todas las familias españolas.

“No queremos más relativismo moral, más positivismo jurídico e ideología de género, pues desde la creación del mundo un hombre es un hombre, y una mujer, una mujer. Se pongan algunos como se pongan”, que añade que “eso nada tiene que ver con el derecho a la igualdad de hombres y mujeres”.

La Consejería de Educación ha aprobado la nueva normativa que regulará la asignatura Educación para la Ciudadanía en Andalucía, que recupera los contenidos que fueron eliminados por el Ministerio y que el Gobierno regional considera relevantes y ajustados a los valores recogidos en la Constitución.

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La Junta defiende la recuperación de los contenidos de EpC eliminados por Wert


SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) –

La Junta de Andalucía ha defendiendo este martes como “un gran servicio a la democracia” la recuperación de los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) que fueron eliminados por el Ministerio que dirige José Ignacio Wert y que, para este mismo curso 2012-2013, Andalucía ha rescatado dentro del 35 por ciento del currículum que la ley permite elaborar a las comunidades autónomas.

De este modo se ha manifestado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes. A preguntas de los medios de comunicación, ha explicado que, pese a que este punto no se ha abordado en la reunión, los miembros del Ejecutivo andaluz entienden que, con la normativa aprobada por la Junta para recuperar estos contenidos, se está actuando “dentro del margen competencial” del Gobierno autonómico y que, con ello, se está “haciendo un gran servicio a la democracia” en la línea que marcan autoridades como Naciones Unidas, la Unión Europea o el Consejo de Europa.

“Empleamos este margen porque es muy importante que no se queden fuera (del currículum escolar) asuntos fundamentales como los valores y principios de nuestra Constitución”, ha defendido.

En este sentido, Vázquez ha valorado que la Junta haya aprovechado “al cien por cien” la oportunidad de perfilar el 35 por ciento del currículum de la materia en Andalucía para introducir nuevamente estos “valores constitucionales” porque, de este modo, según ha resumido, se podrá formar a “ciudadanos responsables”.

“Todo lo que sea instruir y enseñar lo que contiene la Constitución, nos permitirá contar con una sociedad más justa y solidaria y contar con mejores ciudadanos”, ha apostillado.

Estas declaraciones del portavoz del Gobierno tienen lugar después de que la Consejería de Educación aprobara ayer lunes la nueva normativa que regula desde este mismo curso Educación para la Ciudadanía (EpC) en Andalucía y que recupera los contenidos eliminados por el Ejecutivo central, dentro del margen legal que le permite configurar el 35 por ciento del currículum de la asignatura.

De este modo, se incorporan para los alumnos de Primaria temas referentes a ‘El individuo y las relaciones interpersonales y sociales’ –que tiene contenidos para la valoración de la identidad personal y las emociones, la identificación de las desigualdades o la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros–, a ‘La vida en comunidad’ –que aborda los valores cívicos en la sociedad democrática como el respeto, la tolerancia, la solidaridad o la justicia– y a ‘Vivir en sociedad’, que difunde el aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y los servicios públicos.

En Educación Secundaria Obligatoria, los cambios afectarán a la materia de Educación para la Ciudadanía impartida en 3º con la incorporación de contenidos propios para tratar aspectos como los afectos y las emociones, el cuidado de las personas dependientes, la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos, la igualdad de trato y oportunidades de las mujeres, la influencia de la publicidad en los modelos y hábitos sociales o la globalización y la interdependencia, entre otros.

Finalmente, en la materia de Educación Ético-Cívica de 4º de la ESO se incluyen contenidos para la resolución dialogada y negociada de los conflictos, la búsqueda de formas de vida más justas, el respeto a las diferencias y el rechazo de la violencia, la correspondencia entre derechos y deberes ciudadanos o la identificación de los factores que generan discriminaciones a distintos colectivos

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Andalucía recupera los contenidos de EpC eliminados por Wert


La Junta considera que son “relevantes” y se ajustan a los principios recogidos en la Constitución

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) –

   La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha aprobado la nueva normativa que regulará la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en Andalucía y que recupera los contenidos que fueron eliminados por el Ejecutivo central. El gobierno andaluz ha empleado el margen legal que le permite configurar el 35 por ciento del currículum de la asignatura para volver a acercar su contenido a los valores constitucionales.

   En concreto, según las disposiciones generales concernientes a Educación Primaria y Secundaria publicadas este lunes por la Consejería en boletín oficial, a las que ha tenido acceso Europa Press, el hecho de que la nueva regulación del Gobierno suprimiera determinados contenidos que la Junta considera “relevantes” y que “se ajustan a los principios y valores constitucionales, según han avalado distintas sentencias del Tribunal Supremo”, hace “necesaria” una modificación de la orden del 10 de agosto de 2007, de manera que dichos contenidos queden incluidos como opción específica de Andalucía, “en virtud de las competencias que le corresponden”.

Así, la Consejería ha atendido a la preocupación que comparten Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la propia Unión Europea sobre la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad democrática. Todos estos organismos internacionales “coinciden en destacar la importancia del aprendizaje de los derechos y responsabilidades cívicas desde la escuela y en todas las etapas educativas, con el objetivo de estimular el pensamiento crítico y la participación entre los escolares para formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios”, ha expuesto la Junta en una nota.

En Primaria, los contenidos propios de Andalucía se incorporan en los tres bloques del área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que se imparte en el 5º curso. El primero, que abarca ‘El individuo y las relaciones interpersonales y sociales’, tiene contenidos para la valoración de la identidad personal y las emociones, la identificación de las desigualdades o la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros.

El bloque segundo, sobre ‘La vida en comunidad’, aborda los valores cívicos en la sociedad democrática como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la cooperación la cultura de paz, el derecho y el deber de participar o la diversidad social, cultural y religiosa. Y el bloque tercero, ‘Vivir en sociedad’, difunde el aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y los servicios públicos y acerca a los escolares el funcionamiento de las instituciones de la comunidad autónoma y el Estatuto de Autonomía.

En Educación Secundaria Obligatoria, los cambios afectarán a la materia de Educación para la Ciudadanía impartida en 3º, con la incorporación de contenidos propios de Andalucía en los cinco bloques específicos de la asignatura, para tratar aspectos como los afectos y las emociones, el cuidado de las personas dependientes, la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos, la igualdad de trato y oportunidades de las mujeres, la influencia de la publicidad en los modelos y hábitos sociales o la globalización y la interdependencia, entre otros.

Finalmente, en la materia de Educación Ético-Cívica de 4º de la ESO se incluyen contenidos para la resolución dialogada y negociada de los conflictos, la búsqueda de formas de vida más justas, el respeto a las diferencias y el rechazo de la violencia, la correspondencia entre derechos y deberes ciudadanos o la identificación de los factores que generan discriminaciones a distintos colectivos.

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Andalucía exige a Rajoy “un acuerdo de mínimos” en educación pública


SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRES

  La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha reconocido que el Gobierno andaluz “teme” que el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy siga obligando a las comunidades a hacer “recortes” en materia educativa y, ante ello, ha exigido al presidente que promueva “un acuerdo de mínimos” entre el Estado y las autonomías que “ayuda a salvaguardar” una enseñanza pública y de calidad.

Este temor, según ha explicado la consejera en el transcurso de una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, proviene tanto del “anuncio” del propio Rajoy de que la inversión en educación bajará del 4,9 por ciento del PIB actual al 3,9 por ciento en 2015 como de que ayer, en la que fue su primera entrevista televisada desde su elección como presidente del Gobierno, Rajoy “apenas pronunciase la palabra educación”.

Además, Moreno ha advertido de que el Ejecutivo central tampoco “premia” ni “recompensa” a comunidades como Andalucía, “que tiene las cuentas más saneadas del país”, sino que, por contra, le “cierra el grifo de la financiación”, algo que dificulta, entre otras cosas, el pago a los proveedores de servicios como el aula matinal, comedor o actividades extraescolares.

En esta línea, también ha criticado la consejera el anteproyecto de ley para la reforma educativa que prepara el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, y que, a su juicio, “dará mucho que hablar”. “Andalucía va a tener una discrepancia profunda con este decreto porque es la consagración de una carrera de obstáculos para dificultar el acceso a la educación a los hijos de la clase trabajadora”, ha recalcado Moreno, para quien este no busca el éxito escolar de todos los alumnos sino “acabar con el fracaso escolar expulsando del sistema a los que tienen más dificultades”, algo que no comparte “en absoluto”.

Preguntada sobre cómo serán los presupuestos de 2013 de la Junta de Andalucía para su departamento, la consejera no se ha atrevido a poner una cifra ya que, según ha explicado, la cantidad asignada a Educación dependerá, en primera instancia, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de la envolvente que estos establezcan para las diferentes comunidades autónomas.

Aún así, Moreno sí se ha atrevido a afirmar que “la prioridad” de la Junta y del presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, es la educación pública y que, por tanto, al igual que para este recién inaugurado curso 2012-2013, se hará “un esfuerzo extraordinario” para mantener los programas educativos “mollares”, para no subir ni un euro en los precios públicos, para mantener el programa de gratuidad de los libros de texto –que solo existe ya en Navarra y Andalucía– y para mantener, en la medida de lo posible, al mayor número de profesores en las aulas.

Sobre este último aspecto, la consejera ha querido “poner en valor” el “esfuerzo” de la Junta por “salvar” a casi 3.500 docentes interinos de Secundaria al no subir la ratio en las aulas, frente a los 4.502 que ha “expulsado” del sistema el Gobierno central como consecuencia directa de la aplicación del Real Decreto 14/2012, que “obliga” a las comunidades a subir la jornada lectiva de este profesorado de 18 a 20 horas semanales.

“Quiero romper una lanza a favor de la Junta porque si hubiéramos aplicado al cien por cien el Real Decreto serían 8.000 los profesores que estarían en la calle en Andalucía y no 4.500″, ha apostillado Moreno, quien, no obstante, ha admitido que “bastante poco” le puede decir a estos docentes que no han visto renovados sus contratos anuales para este curso.

Pese a ello, la consejera ha asegurado que “a los niños no le van a faltar profesores porque los que había antes siguen y lo que pasa es que trabajan más horas”. De ahí que haya agradecido a los maestros y profesores su “gran esfuerzo” y que se haya mostrado convencida de que “el profesorado va a dar la talla y va a actuar de manera responsable” pese al “ataque” que están sufriendo por parte del Gobierno central.

Al respecto de las bajas docentes, que este año no se cubrirán hasta pasados los diez días de ausencia por el referido RDL 14/2012, Moreno ha dicho que “es una de las medidas más absurdas” de las que ha visto publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que no conseguirá ahorrar “ni un euro” y, encima, puede causar “perjuicios temporales grandes” en cursos como el de 2º de Bachillerato, donde los alumnos no pueden perder ni un día de cara a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

En este punto, la consejera ha explicado que incluso se ha dirigido personalmente al ministro de Educación para informarle de cómo en Andalucía se cubren las bajas en 48 horas y sin gasto adicional, pero que no ha recibido respuesta, por lo que ha tachado de “indignante” y “absurda” esta medida pese a que la Junta no tiene otra opción que “cumplirla” porque, de no hacerlo, estaría incurriendo en “prevaricación”.

Moreno también se ha referido a otros asuntos de la actualidad educativa como la sentencia del Tribunal Supremo por la que dejará de concertar a partir del curso 2013-2014 con los centros que no sean mixtos –fallo por el que ha dicho estar “satisfecha” porque con el “dinero público” no se puede financiar una enseñanza segregadora–, y al calendario de movilizaciones que esta misma mañana de martes presentarán los sindicatos de la comunidad. Sobre esto, la consejera ha señalado que mantiene una “diálogo constante e intenso” con ellos y que, aun entendiendo su “malestar”, espera que sepan “poner el acento” de sus protestas sobre quien considera el responsable de los “recortes”: el Gobierno central.

Finalmente, y cuestionada sobre si el próximo año va a haber una nueva convocatoria de oposiciones de maestros de Infantil y Primaria, Moreno ha recordado que la Junta está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las que el Gobierno impugnó el pasado curso. También influirán, ha advertido, los Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde se deberán indicar la tasa de reposición.

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Griñán defiende “igualdad de oportunidades” en el campo educativo


BÉDAR (ALMERÍA), 10 Sep. (EUROPA PRESS) –

   El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha defendido este lunes en la inauguración oficial de curso 2012-2013 un sistema educativo público y que apueste por la igualdad de oportunidades como vía primordial para que cada uno de los niños andaluces “puedan llegar al límite de su capacidad”, al tiempo que ha trasladado que las becas “no están en discusión ni se van a discutir”.

“La educación es un servicio público que tiene que existir cueste lo que cueste al ser imprescindible la formación inicial”, ha subrayado Griñán durante su discurso en el CEIP ‘El Puntal’ en Bédar (Almería), donde ha abogado por los centros escolares en el ámbito rural como otro ejemplo de desarrollo de una política educativa basada en la igualdad de oportunidades. “Hay que mantener la escuela rural frente a otras comunidades donde se ha optado por suprimirlas y concentrarlas en grandes núcleos de población”, ha aseverado. Sigue leyendo

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Wert defiende las subvenciones a la educación separada por sexos


publico.es

“Si no hay discriminación, no puede haber diferenciación en la aportación de fondos públicos”. El ministro Wert, en un comunicado, contesta así a las sentencias del Tribunal Supremo que han acordado que tres colegios de Cantabria y Sevilla que diferencian a sus alumnos por sexo (son centros, o sólo de chicos, o sólo de chicas), no tienen derecho a concertar con la Administración su sostenimiento con fondos públicos.

El ministro de Educación ha defendido hoy que se analice y debata la cuestión de la enseñanza separada por sexos, en el sentido de que no puede haber distinto trato en la financiación con fondos públicos si no hay discriminación en función de esa educación diferenciada. En una nota, Wert dice que el Gobierno “respeta y acata” las sentencias del Tribunal Supremo que avalan la denegación del concierto educativo a dos centros privados de Cantabria y otro de Sevilla que escolarizan por sexos.

Sin embargo, señala, “hay que plantearse hasta qué punto el argumento de que la educación diferenciada supone discriminación entre los sexos es un argumento -según Wert- compatible con la Convención de la Unesco que firmó España contra la discriminación en la enseñanza”. En esa convención “se sostiene que la educación diferenciada, siempre que no suponga una desigualdad de oportunidades para chicos y para chicas, no supone una forma de discriminación”.

Así pues, el ministro considera que esta es la cuestión principal, porque, “si no hay discriminación en función de esa educación diferenciada, no puede haber tampoco diferenciación en la aportación de fondos públicos”.

Cantabria subvenciona a los centros

Por su parte, las asociaciones de padres de los colegios cántabros Torrevelo y Peñalabra estudian un posible recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia del Supremo que ratifica la no renovación del concierto al primero y la no concesión al segundo por escolarizar separadamente niños y niñas, acordada en los tiempos en que la comunidad estaba gobernada por un pacto del PSOE con el Partido Regionalista de Cantabria. Sin embargo, actualmente ambos centros gozan de subvención por decisión del actual Gobierno cántabro, del PP.

Según fuentes del grupo Fomento de Centros de Enseñanza, al que pertenecen los colegios, estas asociaciones de padres fueron las que apelaron al Supremo contra una decisión adoptada por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria en 2009, ratificada en 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Los centros educativos cántabros afectados por la sentencia, el colegio Torrevelo, para chicos, y el colegio Peñalabra, exclusivamente para chicas, son propiedad del grupo Fomento de Centros de Enseñanza, cercano al Opus Dei.

El actual Gobierno de Cantabria mantiene una posición diferente a su antecesor (PRC-PSOE) y a la Junta de Andalucía (PSOE) ante la citada doctrina del Tribunal Supremo. Por este motivo, actualmente, los dos citados centros cántabros disponen de la categoría de concertados aunque mantienen su política de separación, ya que el Gobierno cántabro actual, del PP, se la ha concedido. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, ha asegurado hoy sobre el concierto al colegio Torrevelo-Peñalabra, (ahora unificados) que “siempre” toma sus decisiones “en base a informes técnicos y jurídicos”.

En este sentido, ha señalado que el concierto concedido ahora a ese colegio por su departamento se basa en un “supuesto distinto” de aquel sobre el cual, en su momento, se pronunció el TSJC y, ahora, el Supremo.

Por su lado, la Junta de Andalucía ha afirmado que estudiará si aplica la doctrina del Supremo de manera inmediata, retirando el concierto a los centros educativos que actualmente están en vigor, o si espera para revisar las subvenciones al momento de renovación general de los conciertos, para el curso 2013/14.

Tras “celebrar” el fallo del Supremo, la Consejería andaluza señala que la sentencia supone un reconocimiento a sus planteamientos sobre una educación pública que fomente los valores constitucionales como la igualdad y la educación mixta y que no segregue al alumnado por sexo ni por ninguna otra condición. Por su parte, la asociación de padres de alumnos católica CONCAPA, mayoritaria en la enseñanza concertada, ha defendido en una nota que el derecho a elegir la educación de los hijos no solo abarca la elección del centro educativo, “sino también la metodología pedagógica”.

“El concierto educativo financia la gratuidad de la plaza escolar como impone el artículo 27 de la Constitución; por tanto, es un derecho de la familia a la gratuidad de la enseñanza y no una subvención”, dice también la nota, que defiende que la educación “diferenciada” es una metodología pedagógica “aceptada en todos los países desarrollados”.

Por el contrario, la  haFederación de Enseñanza de CCOO defendido en una nota que la Ley Orgánica de Educación, al establecer el criterio de sexo como motivo de no discriminación para el acceso a los centros educativos, implica la “incompatibilidad” con la concesión de conciertos a los centros que sí “discriminan” por esta razón.

“En cualquier caso, el sindicato considera que la enseñanza mixta es un valor democrático que se debe potenciar, como un elemento más de entre los que pretenden la igualdad de los sexos”, concluye el sindicato .

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El Supremo rechaza los conciertos en los colegios que segregan por sexo


elpais.com

Los colegios que solo admiten a alumnos y alumnas por separado pueden existir en el sistema educativo español. Pero, según el Tribunal Supremo, “se excluye a esos centros de la posibilidad de concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos públicos”. Dos recientes sentencias de la sección cuarta de la sala de lo Contencioso, referidas a dos centros de Cantabria y Andalucía, dejan al margen de la legalidad los conciertos con los colegios e institutos que segregan por sexo. Cerca de 70 de estos centros reciben fondos de las distintas comunidades en este momento. La mayoría están vinculados al Opus Dei.

El Supremo entiende que las ayudas públicas a estas instituciones son incompatibles con la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada por el anterior Gobierno socialista en 2006. En esta norma, el marco de referencia para todos los sistemas de enseñanza del país, se fija que en la admisión de alumnos no podrá haber “discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición”. Así, aunque no se menciona expresamente, el Supremo entiende que eso deja fuera de la posibilidad de ser subvencionado a los centros que separan por sexo.

Estos centros siempre han argumentado que, según la Unesco, su oferta no es discriminatoria, por lo tanto, no entraría en la categoría de discriminación por sexo. De hecho, en los dos fallos del Supremo se incorpora el voto particular del magistrado Antonio Martí García, quien expresa esa misma idea.

En todo caso, la pregunta ahora es si las Administraciones estarán obligadas a retirar los conciertos a los colegios sexistas, algo que no está nada claro. Sin embargo, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza Antonio Embid sostiene que, tras los fallos, los Gobiernos autónomos solo podrán renovar y admitir nuevos conciertos con centros mixtos. Embid cree que no habrá problemas con los que están vigentes, es decir, que en ningún caso se quedarán sin fondos a mitad de curso.

El Supremo se pronunció por primera vez sobre este asunto en 2008, cuando reconoció la potestad que tienen las comunidades para fijar la coeducación como requisito para acceder a los fondos públicos. El tribunal baja ahora el detalle y avala la decisión de los Gobiernos cántabro y andaluz de retirar dos conciertos.

En el caso del colegio cántabro Torrevelo, el Supremo refrenda la resolución del anterior Ejecutivo, del PSOE, por la que se denegó la renovación del concierto. Tras llegar al poder en Cantabria, el Partido Popular dio marcha atrás y decidió volver a concederle las ayudas. El PSOE está estudiando si, tras la reciente sentencia del Supremo, acude a los tribunales para bloquear el concierto.

En el caso del centro femenino Elcható de Brenes (Sevilla), el fallo del Supremo supone un espaldarazo a la Junta, que lleva desde 1999 intentando suprimir los conciertos con los 12 colegios e institutos que aún segregan en esta comunidad.

Tomando como punto de partida la LOE, Andalucía cambió los criterios para la concesión de conciertos. En 2009 impuso a los 12 centros de educación diferenciada la condición de que se convirtieran en mixtos a partir de septiembre de 2010 para seguir siendo subvencionados. Esas órdenes fueron recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que las anuló. El Supremo da ahora la razón a la Junta.

La sala de lo Contencioso reconoce que estos conciertos eran válidos hasta la entrada en vigor de la LOE. Además de incluir en esa norma el sexo entre las posibles causas de discriminación, el anterior Ejecutivo del PSOE preparó una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, en cuyo anteproyecto se prohibían expresamente conciertos con estas instituciones. Pero esta norma nunca se llegó a aprobar.

Ahora, el Supremo entiende que la LOE ya lo prohíbe, y además, que eso no “perturba ningún derecho constitucional de los padres, que conservan el derecho de libre elección de centro”, ni de los propietarios de los colegios afectados.

“Es obvio” que la ley les “excluye”

Las dos sentencias del Tribunal Supremo sobre la retirada de subvención a centros que separan por sexo en Cantabria y Andalucía son del 23 y 24 de julio y comparten párrafos enteros de argumentación. Como estos:

» Condición previa. “Es obvio, que, previamente, el artículo 84 de la Ley 2/2006 que expresamente se refiere a “la admisión de alumnos” ha excluido de la posibilidad de concertación a los centros de educación diferenciada por sexos, al prohibir […] la discriminación por sexo […], existencia de discriminación que es previa al cumplimiento del resto de las condiciones que se exigen para lograr” el concierto.

» Legalidad. “Nadie puso en duda la legitimidad del sistema de educación diferenciada; cuestión distinta es que a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006 sea posible que esos centros privados puedan tener la condición de concertados […], cuando expresamente en el régimen de admisión de alumnos se prohíbe la discriminación por razón de sexo […] Y esa imposibilidad de obtener conciertos […] tampoco perturba ningún derecho constitucional de los padres que conservan el derecho de libre elección de centro y el de los titulares de la creación de centros con ideario o carácter propio”.

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