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Gabilondo reclama un “esfuerzo” por la educación con independencia del partido


MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –

El exministro de Educación (2009-2011) Ángel Gabilondo ha intervenido en la conferencia ‘Las políticas educativas en la democracia’, en el marco de la XXVIII Semana de la Educación, donde ha apelado al “esfuerzo” por la educación, sin importar el partido político perteneciente, y ha admitido que le preocupó que los recortes en esta materia “resintiera la igualdad de oportunidades”.

En esta conferencia, que se encuentra dentro del ciclo organizado por la Fundación Santillana, ha estado acompañado por el exministro de Eduación y de Universidades e Investigación (1980-1981) Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, el exsecretario general de Educación (1996-1998)Eugenio Nasarre y la exministra de Educación, Política Social y Deporte (2006-2009) Mercedes Cabrera.

Gabilondo ha afirmado que la educación infantil, la formación profesional y el conocimiento de idiomas “son determinantes” y ha opinado que tanto calidad como equidad deben ir conjuntas, en relación con la Ley de calidad y equidad (2011). “La equidad no es el abandono de la lucha por la excelencia”, ha subrayado.

“Seamos de un partido o de otro, seamos de este color o de otro, seamos los de la equidad o los de la calidad, el esfuerzo es indispensable”, ha sentenciado.

Por su parte, Mercedes Cabrera, que fue la ministra de Educación anterior a Gabilondo, ha criticado que la educación no busca ampliar conocimientos. “Estamos convirtiendo la educación en una academia para formarte y buscar trabajo”, ha denunciado.

Además, Cabrera ha asegurado que el “problema” es que es un sistema educativo “muy rígido”, que expulsa personas con “facilidad” y recoge con “dificultad”, y ha destacado la “inmensa dificultad” de trasladar a la opinan pública los problemas de la educación.

“El mayor recurso en la educación es el profesorado”, ha subrayado el exsecretario general de Educación, quien ha señalado como “prioridad” al profesorado, apelando por un nuevo sistema de selección y evaluación de los docentes.

Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona ha destacado el papel de las transferencias educativas a las comunidades, ya que “no podía funcionar el ministerio con todo centralizado”. “Creo en las transferencias educativas”, ha afirmado.

Asimismo, Ortega y Díaz-Ambrona ha apelado por un “pacto de Estado entre los partidos” en materia de educación. “No sé qué es peor si establecer una ley que solo un partido elija o que los demás solo se planteen derogarla”, ha criticado.

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El PP pide estudiar fórmulas para prevenir el absentismo escolar


MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) –

El PP insta al Gobierno a elaborar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, propuestas efectivas contra el absentismo escolar como medida para mejorar el fracaso y el abandono escolar, previo estudio de las actuaciones de prevención e intervención contra el absentismo escolar que desde el ámbito educativo, social y penal se están llevando a cabo.

Se trata de una proposición no de ley, recogida por Europa Press, registrada para su debate en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

Según defiende el PP, el derecho a la educación es uno de los principios fundamentales establecidos en la Constitución y forma parte del catálogo de derechos y libertades individuales que configuran el Estado de Derecho.

Así, sostiene que el absentismo escolar es un problema educativo que puede conducir al fracaso escolar y al abandono del sistema educativo, y con ello se convierte en un problema social, en la medida que puede dar lugar a distintas formas de marginalidad o exclusión social.

“La complejidad del problema del absentismo exige la colaboración de las administraciones, de los centros educativos y de las familias para la elaboración y ejecución de programas de prevención y control de este problema de naturaleza socio-educativa. Los procedimientos que aplican los centros para combatir el absentismo son diversos territorialmente”, agrega.

En este sentido, indica que hay comunidades autónomas que cuentan con su propio plan de intervención contra el absentismo escolar, así como ayuntamientos con programas de actuación, como el programa pionero ‘Ayúdate’ de la Concejalía de Educación de Algete (Madrid), que ha involucrado a muchas familias de esa localidad con hijos absentistas sancionados con expulsión, a realizar servicios sociales para la comunidad, de forma que el alumno reflexione sobre el comportamiento que ha tenido en la acción que ha realizado y tome conciencia de su conducta.

UN DELITO PENAL

Pero por otro lado, y como último recurso, el PP señala que, una vez agotadas todas las intervenciones de carácter socio-educativo, la Administración de Justicia, a través de la Fiscalía de Menores (por ser ésta la encargada de velar por la protección de los derechos del menor), puede abrir diligencias contra los padres por un presunto delito de abandono de familia al privar a sus hijos del derecho a la educación, en el supuesto de que quede demostrado que son ellos los culpables de que los chicos falten de forma reiterada a clase.

Es más, recuerda que el delito está recogido en el artículo 226 del Código Penal con penas de hasta seis meses de prisión y con ello, apunta a la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2012 que reflejaba que los casos “más graves” se producían a partir de los 14 años en jóvenes con largo historial de fracaso escolar y expulsiones, cuya reincorporación al curso o nivel en el que se detecta el absentismo deviene ya impracticable.

No obstante, añade que cuando con los apercibimientos policiales o fiscales se logra la normalización escolar, el centro educativo acuerda casi inmediatamente la expulsión. “Este fenómeno sugiere la incapacidad de respuesta en el ámbito educativo y, en todo caso, que el fracaso escolar no es consecuencia del absentismo sino una de sus causas. Todo ello no obstante reconociendo que se han reducido los casos”, ha apostillado.

Por todo ello, el PP considera “conveniente” en el ámbito educativo compartir experiencias de intervención del absentismo escolar que se están llevando a cabo en municipios, comunidades autónomas, o los protocolos de centros educativos, porque son instrumentos positivos que han logrado reducir notablemente las tasas de absentismo y, por consiguiente, de fracaso escolar.

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El PP, dispuesto a mejorar la LOMCE para sumar apoyos en el Congreso


MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) – ESEL

  La responsable de Educación en el Partido Popular y portavoz de la materia en el Congreso de los Diputados, Sandra Moneo, ha afirmado que el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) recogerá “modificaciones” que permitirán a parte de la comunidad educativa y a algunos grupos parlamentarios de la oposición dar su apoyo a la reforma.

“Estamos seguros que se pueden hacer modificaciones que sumen a este proyecto a otros grupos parlamentarios y también que sumen a diferentes organizaciones del ámbito de la educación”, ha señalado en una entrevista con Europa Press, en la que ha asegurado que “no hay ningún planteamiento de rechazo inicial” hacia lo que se pueda “sugerir” desde ambas esferas.

Según ha señalado, el Grupo Popular está analizando las propuestas elevadas por el medio centenar de expertos que han comparecido ante la Comisión de Educación del Congreso. “Estamos reflexionando, valorando algunas de las sugerencias y confiamos dentro de ese marco, poder llegar al mayor número de acuerdos, aunque sean parciales, con el resto de las fuerzas políticas”, ha apostillado.

En este sentido, ha reconocido que “igual hay que profundizar más en las diferentes ofertas del Bachillerato” o en asuntos como “el tratamiento de las Humanidades” y el modo en que “se ha organizado el capítulo referente a la libertad de enseñanza”. También ha dicho estar “valorando” enmiendas “en relación a la figura del director y su capacidad de decisión respecto a determinadas cuestiones”.

“Estamos dispuestos a mejorar el texto y que quede claro que estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero si lo que pretende el Partido Socialista es llegar a un acuerdo sobre la premisa de que todo tiene que seguir igual, eso es un mal comienzo”, ha señalado, para incidir en que “con independencia de lo que digan el resto de los partidos políticos”, su intención es “que sea la reforma de todos”.

Por eso, quiere dedicar “hasta el último minuto” a la negociación, convencida de que “habrá elementos de acuerdo” incluso con los grupos parlamentarios de la oposición que han firmado un documento comprometiéndose a derogar la LOMCE en cuanto tengan mayoría suficiente (todos menos UPyD, UPN y Foro de Asturias).

Además, la pretensión del PP es “que la comunidad educativa se sienta lo más cómoda posible a la hora de la aplicación de la ley”. Moneo reconoce que existen críticas en este sector aunque apunta que “todas las reformas educativas han sido contestadas” y asegura que de no haber coincidido con la crisis económica, la LOMCE habría tenido una mejor aceptación.

SEPARAR LOS RECORTES DE LAS REFORMAS

“Somos conscientes de que esta ley evidentemente, en un clima donde los elementos económicos no se hubieran mezclado con los puramente educativos, seguramente hubiera tenido un terreno más tranquilo a la hora de la tramitación”, ha declarado.

Sobre este asunto, ha destacado la coincidencia de la tramitación de la LOMCE con el decreto de medidas de racionalización del gasto público que el año pasado supuso la adopción de “determinadas decisiones económicas que, sin duda alguna han tenido una contestación”, como el aumento de las ratios de alumnos por aula, de las horquillas de precios públicos de las universidades o de la jornada de los profesores.

“La conjunción de ambos elementos ha provocado determinada contestación dentro del ámbito educativo, que es absolutamente respetable (…) son medidas impopulares y lo aceptamos”, ha reconocido, para incidir a renglón seguido en que en el PP son igualmente “conscientes de que son medidas coyunturales que se han tramitado paralelamente a la reforma de la Educación”.

Por eso, en su opinión “hay que distinguir una contestación ante determinadas decisiones económicas que afectan al ámbito educativo de lo que es una reforma educativa”. Con todo, ha señalado que “hay personas que deciden que es mejor trabajar en una mesa y hacer aportaciones y otras que sus aportaciones sean publicas mediante una manifestación” y, si bien ambos planteamientos “son respetables”, invita a trabajar “en el terreno de las propuestas”.

“Lo único que no podemos hacer ahora es seguir como estamos y mantener un sistema educativo que tiene problemas y el resto todo se puede hablar, seguramente encontremos puntos de coincidencia, y es ahí donde tendremos que trabajar próximos meses, sobre todo a lo largo del otoño, pero no renunciamos a llegar a acuerdos ni con el arco parlamentario, ni con colectivos que se han expresado en sede parlamentaria”, ha añadido.

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EL MINISTERIO DEBE GARANTIZAR QUE NO SE IMPONGA IDEOLOGÍA EN LAS AULAS Y SUPRIMIR DEFINITIVAMENTE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA


La recuperación de los contenidos ideológicos de esta asignatura en Andalucía pone en evidencia esta necesidad.

Hasta su eliminación, el Ministerio tiene que adoptar medidas concretas, más allá de este ineficaz recorte de contenidos.

Madrid, 24 de enero de 2013. La aprobación de la Consejería de Educación de Andalucía de la nueva normativa que regulará la asignatura Educación para la Ciudadanía en esta Comunidad, supone la recuperación de los contenidos más ideológicos que fueron eliminados por el Ministerio, y deja a los alumnos andaluces sometidos de nuevo a la manipulación de sus conciencias. Otras comunidades autónomas ya anunciaron que, al igual que ha hecho Andalucía, incorporarán en sus desarrollos curriculares los contenidos eliminados por el ministerio.

 

Como llevamos defendiendo desde hace varios años, la imposición de estas  asignaturas y de estos contenidos concretos no responde a la preocupación por fomentar una ciudadanía responsable en una sociedad democrática del Consejo de Europa y de la propia Unión Europea, tal como sostienen sus defensores manipulando las Recomendaciones de dicho Consejo de Europa. Como el propio partido en el gobierno ha manifestado públicamente en múltiples ocasiones, en España esta recomendación se ha utilizado para manipular las conciencias de los alumnos.

Dada la gravedad de esta situación, que supone la vuelta de un grave conflicto en el sistema educativo cuyas consecuencias aún siguen sufriendo miles de familias de objetores de conciencia, la federación España Educa en Libertad espera que el Ministerio adopte medidas urgentes que garanticen definitivamente los derechos de los padres reconocidos en la CE y elimine Educación para la Ciudadanía en la futura LOMCE.

Puesto que ya se ha anunciado que dicha ley no entrará en vigor hasta el curso  2014-2015 o incluso en 2015-2016, el Ministerio de Educación tiene que garantizar una solución eficaz para estos cursos. Como se está comprobando, la modificación provisional que se ha hecho en el currículo de esta asignatura (una modificación que se anunció como transitoria para un único curso, y que nuestra federación ya calificó de insuficiente el pasado 24 de mayo) no es la solución al grave conflicto que supuso la implantación de EpC. No podemos esperar hasta el año 2015 para solucionar este problema;  el Gobierno tiene que acelerar la implantación de la LOMCE y adoptar, hasta ese momento, medidas concretas más allá de este recorte de contenidos que, con  la aprobación de la normativa andaluza, se ha demostrado claramente ineficaz

 PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Marisa Pérez Toribio, presidenta de la federación España Educa en Libertad (ESEL)

Tfno. 617 812 172

Francisco Prian Ferreria, presidente de la federación de Padres por la Libertad de Educación de la Región de Murcia.
Tfno. 605 594 665

 

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Andalucía Padres Católicos pide la retirada «definitiva» de Educación para la Ciudadanía


abc.es

educacion-ciudadaniaLa Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fecapa) ha reclamado hoy al Gobierno central la retirada “definitiva” de Educación para la Ciudadanía (EpC) ante la nueva normativa aprobada por la Junta que regulará esta asignatura en Andalucía.

La citada federación ha denunciado, a través de un comunicado, que esta decisión pone “claramente de manifiesto” la decisión de la Junta de “ideologizar” a todo el alumnado andaluz “en su pensamiento único, propio de un régimen dictatorial, expropiando el derecho de las familias a educar libremente a sus hijos”.

“Quienes no creen en la libertad no deberían nunca ejercer responsabilidades políticas en las instituciones democráticas”, argumenta la Fecapa, que advierte de la “aberración máxima” que supone el “intervencionismo ideológico de las inteligencias y de las conciencias”.

Por ello, exige la “inmediata” retirada de la asignatura en todos los niveles educativos de primaria y de ESO, así como de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, pues “sólo así se podrá asegurar el derecho a la igualdad” de todas las familias españolas.

“No queremos más relativismo moral, más positivismo jurídico e ideología de género, pues desde la creación del mundo un hombre es un hombre, y una mujer, una mujer. Se pongan algunos como se pongan”, que añade que “eso nada tiene que ver con el derecho a la igualdad de hombres y mujeres”.

La Consejería de Educación ha aprobado la nueva normativa que regulará la asignatura Educación para la Ciudadanía en Andalucía, que recupera los contenidos que fueron eliminados por el Ministerio y que el Gobierno regional considera relevantes y ajustados a los valores recogidos en la Constitución.

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Andalucía recupera los contenidos de EpC eliminados por Wert


La Junta considera que son “relevantes” y se ajustan a los principios recogidos en la Constitución

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) –

   La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha aprobado la nueva normativa que regulará la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en Andalucía y que recupera los contenidos que fueron eliminados por el Ejecutivo central. El gobierno andaluz ha empleado el margen legal que le permite configurar el 35 por ciento del currículum de la asignatura para volver a acercar su contenido a los valores constitucionales.

   En concreto, según las disposiciones generales concernientes a Educación Primaria y Secundaria publicadas este lunes por la Consejería en boletín oficial, a las que ha tenido acceso Europa Press, el hecho de que la nueva regulación del Gobierno suprimiera determinados contenidos que la Junta considera “relevantes” y que “se ajustan a los principios y valores constitucionales, según han avalado distintas sentencias del Tribunal Supremo”, hace “necesaria” una modificación de la orden del 10 de agosto de 2007, de manera que dichos contenidos queden incluidos como opción específica de Andalucía, “en virtud de las competencias que le corresponden”.

Así, la Consejería ha atendido a la preocupación que comparten Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la propia Unión Europea sobre la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad democrática. Todos estos organismos internacionales “coinciden en destacar la importancia del aprendizaje de los derechos y responsabilidades cívicas desde la escuela y en todas las etapas educativas, con el objetivo de estimular el pensamiento crítico y la participación entre los escolares para formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios”, ha expuesto la Junta en una nota.

En Primaria, los contenidos propios de Andalucía se incorporan en los tres bloques del área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que se imparte en el 5º curso. El primero, que abarca ‘El individuo y las relaciones interpersonales y sociales’, tiene contenidos para la valoración de la identidad personal y las emociones, la identificación de las desigualdades o la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros.

El bloque segundo, sobre ‘La vida en comunidad’, aborda los valores cívicos en la sociedad democrática como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la cooperación la cultura de paz, el derecho y el deber de participar o la diversidad social, cultural y religiosa. Y el bloque tercero, ‘Vivir en sociedad’, difunde el aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y los servicios públicos y acerca a los escolares el funcionamiento de las instituciones de la comunidad autónoma y el Estatuto de Autonomía.

En Educación Secundaria Obligatoria, los cambios afectarán a la materia de Educación para la Ciudadanía impartida en 3º, con la incorporación de contenidos propios de Andalucía en los cinco bloques específicos de la asignatura, para tratar aspectos como los afectos y las emociones, el cuidado de las personas dependientes, la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos, la igualdad de trato y oportunidades de las mujeres, la influencia de la publicidad en los modelos y hábitos sociales o la globalización y la interdependencia, entre otros.

Finalmente, en la materia de Educación Ético-Cívica de 4º de la ESO se incluyen contenidos para la resolución dialogada y negociada de los conflictos, la búsqueda de formas de vida más justas, el respeto a las diferencias y el rechazo de la violencia, la correspondencia entre derechos y deberes ciudadanos o la identificación de los factores que generan discriminaciones a distintos colectivos.

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